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Histórico fallo del TEPJF protege la privacidad digital: Mensajes de WhatsApp no son prueba de violencia política

  • La Sala Superior revoca sanción contra activista sinaloense y establece que las comunicaciones privadas gozan de protección constitucional absoluta.
  • El caso, derivado de una denuncia de una diputada local de Morena en Sinaloa, sienta un precedente sobre los límites del escrutinio público y la intimidad.

CIUDAD DE MÉXICO / CULIACÁN, Sinaloa. — En una resolución que redefine los límites entre la protección contra la violencia de género y el derecho a la privacidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los mensajes de WhatsApp, al ser comunicaciones privadas, no pueden ser utilizados como prueba legal en procesos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG).

Con esta decisión, el máximo órgano electoral del país dejó sin efecto la sentencia que pesaba sobre la activista sinaloense Emma Zermeño, quien había sido denunciada por la diputada local de Morena, Almendra Negrete, tras filtrarse una conversación privada en la que se cuestionaba la legitimidad y capacidad profesional de la legisladora.

Justicia con perspectiva de derechos fundamentales El fallo, emitido este 18 de marzo, subraya que las opiniones vertidas en un chat «uno a uno» o en grupos cerrados de mensajería instantánea poseen una expectativa legítima de privacidad.

Los magistrados coincidieron en que utilizar capturas de pantalla de conversaciones íntimas para fincar responsabilidades legales vulnera el Artículo 16 de la Constitución Mexicana, el cual garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones.

«Nadie debe ser sancionado por lo que expresa en la intimidad de una charla personal», se escuchó en el debate del pleno, aclarando que, aunque las críticas hacia servidores públicos puedan ser severas o incómodas, si estas no se realizan en un espacio público o en el ejercicio de una función oficial, no constituyen una infracción electoral.

Impacto en la vida pública de Sinaloa Este caso generó una profunda resonancia en la sociedad sinaloense, ya que inicialmente se había impuesto a la ciudadana una multa de 300 mil pesos, la exigencia de una disculpa pública y su inscripción en el registro de personas violentadoras bajo el concepto de «wollying» (acoso entre mujeres).

Con la revocación de estas sanciones, el TEPJF envía un mensaje de equilibrio social:

Se evita que las leyes de género sean utilizadas como herramientas de censura o persecución contra la libre expresión en ámbitos privados.

Se establece que para sancionar la violencia política, las pruebas deben provenir de actos públicos, redes sociales abiertas o medios de difusión masiva, no de la vulneración de la intimidad.

    Esta resolución no solo brinda justicia a la ciudadana afectada en Sinaloa, sino que fortalece la confianza en las instituciones al garantizar que el combate a la violencia de género no se convierta en un pretexto para invadir la vida privada de los mexicanos.

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