CULIACÁN, SINALOA.– La diputada local del PRI, Paola Gárate, le plantó cara al gabinete de seguridad federal y desmintió categóricamente al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla. Luego de que el general afirmara que no se le había brindado protección a la legisladora por «no haber presentado la denuncia correspondiente», Gárate calificó la información como falsa y exigió seriedad frente al infierno de violencia que se vive en Sinaloa.
La priista sostuvo que, lejos de quedarse de brazos cruzados, activó los protocolos legales desde el primer minuto en que su integridad se vio comprometida.
“Desde el primer día interpuse las declaraciones correspondientes. Antes de cumplirse 24 horas ya estaba en las oficinas de la Fiscalía del Estado dando la cara, como siempre lo he hecho”, fustigó la diputada, evidenciando el cruce de cables y la desinformación en los reportes que le llegan al alto mando de las Fuerzas Armadas.
Corona fúnebre, armas y secuestro: el historial de riesgo
Para la legisladora, el intento de la Sedena por minimizar su situación mediante un vacío burocrático resulta inaceptable, especialmente cuando arrastra un historial de agresiones que harían encender las alarmas de cualquier sistema de inteligencia:
2021
Fue privada ilegalmente de la libertad en pleno proceso electoral.
2025
Sufrió amenazas directas con armas de fuego.
Recientemente
Recibió una corona fúnebre con su nombre en las puertas de su propio domicilio.
Ante este panorama, Gárate despedazó los criterios «de escritorio» con los que el Gobierno Federal y las fuerzas de seguridad analizan el riesgo en las zonas de conflicto. Lamentó que pretendan simular seguridad ofreciéndole acompañamiento únicamente cuando asiste a eventos públicos o sesiones legislativas.
“Se me habla de acompañamiento en actos oficiales, como si el peligro dejara de existir cuando termina una sesión. Esa misma lógica deja indefensas a las familias sinaloenses cuando realizan su vida cotidiana”, sentenció de forma tajante.
Sinaloa: 21 meses bajo el fuego y sin rumbo
El reclamo de la diputada rebasó su caso personal para convertirse en un duro balance de la situación del estado, el cual —recordó— acumula ya 21 meses sumido en una crisis de inseguridad crónica que las estrategias federales no han podido contener ni reducir en lo más mínimo.
“¿Qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?”, cuestionó la priista, lanzando una pregunta que cala hondo en miles de familias sinaloenses que viven bajo la misma zozobra.
Finalmente, la legisladora aclaró que señalar las pifias y la falta de coordinación oficial no significa demeritar el esfuerzo de los soldados y policías que están en la línea de fuego. Sin embargo, urgió a una reingeniería de fondo: fortalecer la justicia local, sanear las corporaciones, dotarlas de elementos suficientes, capacitación real y condiciones dignas.
“Hoy exijo respeto a la verdad, seriedad en la información y responsabilidad en las decisiones. Mi vida, como la de cualquier sinaloense, no puede depender de un trámite mal informado”, remató.
