Mazatlán, Sinaloa.-Una millonaria parálisis de inversiones extranjeras y locales, un atropello procesal que vulneró el derecho de audiencia de los propietarios y la latente amenaza de una quiebra técnica para el Ayuntamiento de Mazatlán por demandas que alcanzan los 5 mil millones de pesos, es el saldo que ha dejado al descubierto un arbitrario cambio de uso de suelo en el polígono de la Ciudad Industrial de Mazatlán, ejecutado con opacidad por la actual administración municipal a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
El conflicto, que afecta una extensión aproximada de mil hectáreas ubicadas en la zona sur del puerto —específicamente en las inmediaciones de El Habalito del Tubo, El Zapote y las cercanías del Centro Penitenciario (Cecjude)—, escaló formalmente esta semana a las oficinas del Ayuntamiento, luego de que afectados y representantes del Consejo de Administración del complejo industrial, encabezados por su secretario Javier Lizárraga Bibo, sostuvieran un ríspido e infructuoso encuentro con la titular del IMPLAN, Leticia Alvarado Fuentes, acompañados por la regidora priista Maribel Chollet Morán.
El Origen del Conflicto: De Polo de Desarrollo a «Reserva Ecológica» en la Opacidad
De acuerdo con el expediente técnico y los testimonios de los directivos del complejo, el polígono en cuestión fue concebido y blindado legalmente desde los planes directores de desarrollo urbano de los años 1994 y 1996 como un corredor de uso mixto: industrial, habitacional, comercial y turístico. Sin embargo, en una serie de movimientos opacos iniciados en 2023 y consolidados en un dictamen emitido en 2024, la actual administración modificó radicalmente la zonificación de estos predios.
Sin mediar notificación alguna, sin asambleas de consulta y violando de manera flagrante el derecho de audiencia de los legítimos poseedores y asociados, el Ayuntamiento reclasificó las mil hectáreas bajo los rubros de uso agropecuario, forestal y reserva ecológica.
La contradicción técnica salta a la vista y fue duramente criticada por la regidora Maribel Chollet durante una entrevista posterior al encuentro. La edil calificó la decisión como un despropósito geográfico y urbano: «¿Agricultura? Ahí no hay agricultura, no sé cuántos años de referencia podamos tener. ¿Reserva? Pues a no ser que sea de ratas, víboras y lo que se acumule por ahí, pero no es ningún espacio para reserva ecológica. Es un terreno que ni siquiera cuenta con infraestructura hidráulica para el campo», fustigó con ironía la regidora.
Por su parte, Javier Lizárraga Bibo detalló que la empresa y los propietarios se percataron del «madruguete» de manera colateral, cuando inversionistas interesados en la compra de macro-lotes —entre ellos importantes consorcios de capital chino y empresarios sinaloenses— consultaron los portales oficiales de transparencia urbana del municipio, topándose con que los terrenos ya no eran factibles para el desarrollo fabril ni logístico.
Burocracia Inoperante: El IMPLAN «Patea la Bola»
La reunión celebrada en las oficinas del INPLAN fue calificada por los promoventes como «ociosa» y carente de resolutivos. A decir de Lizárraga Bibo, la dirección del instituto evadió la responsabilidad del Ayuntamiento argumentando que el asunto debía ser turnado y destrabado ante instancias del Gobierno Federal.
Este argumento fue desmentido por los afectados, quienes insisten en que la autonomía municipal y las facultades del Cabildo son plenamente competentes para revertir el error de origen. La postura de la titular del organismo técnico evidencia una política de «puertas cerradas» y una burocracia obstaculizadora que contrasta con la narrativa oficial de un Mazatlán facilitador de negocios.
La Ruta Legal: El Fantasma de la Quiebra Municipal
Ante la falta de acuerdos, la regidora Maribel Chollet Morán anunció una estrategia de choque institucional por la vía edilicia y legal:
- Convocatoria Urgente: Se solicitó formalmente una reunión con carácter de urgente a la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo de Mazatlán para revisar el dictamen lesivo.
- Revocación Constitucional: Se alistará la propuesta formal para que el Pleno del Cabildo, haciendo uso de las facultades exclusivas que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revoque la zonificación de 2023-2024 y restituya los derechos de los propietarios.
- Derecho de Audiencia: Se tramitó una audiencia directa con la alcaldesa provisional para exigirle que detenga la cerrazón institucional y abra una mesa de diálogo vinculante.
El amago no es menor. De mantenerse la negativa del Ayuntamiento a corregir la reclasificación, los tribunales administrativos podrían inundarse con juicios de nulidad y demandas de indemnización patrimonial por el orden de los 5 mil millones de pesos, una cifra que triplica el presupuesto anual del municipio y que significaría empeñar las participaciones federales y las finanzas públicas de las próximas tres o cuatro administraciones.
El Drama Social Detrás de los Números
Más allá de las inversiones industriales frenadas, el conflicto ha comenzado a estrangular la economía de cientos de familias locales que forman parte de las asociaciones de propietarios de este polígono.
En un matiz de orden social, se denunció que el candado impuesto por el Ayuntamiento impide a ejidatarios y pequeños propietarios vender o capitalizar sus fracciones de terreno, afectando incluso a personas con enfermedades terminales que dependen de la liquidez de sus patrimonios para costear tratamientos médicos urgentes, encontrando en las ventanillas municipales un muro de insensibilidad burocrática.
La moneda está en el aire.
El polígono sur, llamado a ser el gran desahogo industrial y portuario de Mazatlán frente al nearshoring y la conectividad del norte del país, se encuentra hoy secuestrado por una decisión de ventanilla que, por omisión o consigna política, amenaza con costarle una fortuna histórica a los ciudadanos del puerto.
