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Mantiene Morena militancia a Rocha Moya e Inzunza; “esperaremos pruebas”, revira Ariadna Montiel

Ciudad de México.-La dirigencia nacional de Morena cerró filas en torno a los funcionarios sinaloenses bajo investigación de la justicia estadounidense. En conferencia de prensa realizada este martes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la presidenta del partido, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Mendívil, mantendrán a salvo sus derechos político-electorales y continuarán como militantes en activo del instituto político.

Frente a la escalada judicial de las agencias de Estados Unidos —que han acelerado los procesos de extradición e imputaciones contra el círculo político de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado—, Montiel Reyes fue categórica al señalar que el partido no actuará por consigna ni bajo las agendas de tribunales extranjeros.

“Vamos a esperar a que se presenten las pruebas. Mientras no existan evidencias contundentes presentadas por las autoridades de Estados Unidos, o una resolución en firme de la Fiscalía General de la República (FGR), su situación como militantes seguirá intacta”, afirmó la dirigente morenista.

Desmarque de exfuncionarios y defensa soberana

Al ser cuestionada sobre la reciente entrega voluntaria ante la justicia norteamericana de excolaboradores clave del gabinete sinaloense —entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez—, la presidenta de Morena matizó que estas acciones corresponden a responsabilidades estrictamente individuales y descartó un costo político para la marca del partido de cara a los próximos procesos electorales.

No obstante, Montiel aprovechó el espacio para lanzar un fuerte recordatorio sobre los acuerdos emanados del Congreso Nacional del pasado mes de mayo, reiterando que la actual dirigencia mantendrá una política de cero tolerancia a la corrupción, pero siempre respetando la presunción de inocence y los estatutos internos.

Finalmente, la cúpula guinda enmarcó las acciones de la DEA y del Departamento de Justicia de EE. UU. como una estrategia con tintes políticos que atenta contra la soberanía nacional, delegando la última palabra del conflicto a las carpetas que determine la FGR en territorio mexicano.

Con esta postura, el oficialismo opta por estirar la liga de la defensa institucional, blindando a los cuadros sinaloenses frente a las presiones bilaterales y el congelamiento de activos financieros que ha comenzado a implementar la Secretaría de Hacienda.

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