CIUDAD DE MÉXICO. En un golpe de timón al interior del partido oficialista, la nueva dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, advirtió de manera tajante que el partido no tolerará la corrupción ni encubrirá a ningún funcionario que enfrente cuestionamientos legales.
Con este pronunciamiento, perfiles como el del senador Enrique Inzunza Cázarez y el del alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, quedarían prácticamente descartados como probables candidatos a la gubernatura de Sinaloa de cara al proceso electoral de 2027.
“Yo no tengo conocimiento de que ellos hayan manifestado interés, entonces, también vamos poniendo las cosas en orden. Si no quieren participar, ¿por qué ponerlo a discusión? (…) Lo que sí les reitero es que no vamos a aceptar candidatos que tengan mala recuperación. Nuestros candidatos deben ser intachables”, sostuvo.
Durante su toma de protesta, Montiel Reyes subrayó que el proceso de selección interno implementará una estricta política de «mano dura», donde la prioridad absoluta será postular a mujeres y hombres con «trayectorias impecables», dejando en segundo término el posicionamiento o la popularidad que los aspirantes registren en las encuestas internas del movimiento.
«Esta dirigencia no tolerará la corrupción en ningún gobierno de Morena… Quien quiera ser candidato en 2027 debe tener una trayectoria impecable», sentenció de forma categórica la líder nacional del partido, marcando una clara línea de contención frente a las recientes crisis del movimiento.
Tensión en el comité estatal de Sinaloa
Este blindaje ético choca de frente con las declaraciones recientes de Edgar Barraza Castillo, dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa.
Apenas unos días atrás, el líder local declaró a la prensa que figuras bajo investigación no estaban formalmente descartadas, argumentando que si cumplían con los requisitos de la convocatoria partidista, tenían el derecho a participar en la contienda por la gubernatura.
Sin embargo, los nuevos lineamientos dictados desde la dirigencia nacional neutralizan de facto la postura del comité sinaloense, priorizando la solvencia moral y legal sobre el pragmatismo electoral local.
El peso de las investigaciones internacionales
El virtual descarte de Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez responde a la profunda sacudida política provocada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el cual presentó imputaciones formales en una corte federal de Nueva York contra una red de funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa.
Tanto el senador Inzunza Cázarez como Gámez Mendívil han negado enérgicamente las acusaciones, tachándolas de falsas e infundadas.
A pesar de su defensa pública, el costo político ha sido inmediato: Gámez Mendívil se vio forzado a solicitar licencia de su cargo como presidente municipal de Culiacán, mientras que el panorama de sucesión en Sinaloa se reconfigura drásticamente bajo la advertencia de la dirigencia nacional de Morena de que el partido no asumirá el costo de perfiles judicialmente cuestionados.
