Ciudad de México – El clima de negocios en México enfrenta un nuevo episodio de tensión. El Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC), en representación de más de 300 empresas multinacionales, ha formalizado una queja ante las autoridades mexicanas y estadounidenses denunciando prácticas de fiscalización «agresivas y arbitrarias» por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los pilares de la denuncia
Las empresas, entre las que destacan líderes globales de los sectores tecnológico, logístico y de consumo, señalan que el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda ha endurecido sus métodos bajo los siguientes criterios:
Presión Coercitiva
Uso de auditorías exhaustivas para forzar pagos inmediatos de supuestos adeudos sin permitir el debido proceso.
Información Confidencial en Riesgo
Exigencia de datos operativos sensibles y secretos industriales que las compañías consideran ajenos a las obligaciones fiscales estándar.
Interpretaciones Retroactivas Aplicación de nuevos criterios fiscales a operaciones realizadas en años anteriores, generando cobros imprevistos de IVA e ISR.
Un obstáculo para el Nearshoring
El comunicado del NFTC advierte que este entorno de «terrorismo fiscal» envía una señal negativa a los mercados globales. En un momento donde México busca consolidarse como el destino principal del nearshoring, la falta de certidumbre jurídica y el trato hostil a los grandes contribuyentes podrían frenar los planes de expansión de capital estadounidense en territorio nacional.
Impacto Diplomático y Comercial
La queja no se ha quedado solo en el ámbito administrativo. Se ha confirmado que el sector privado ya solicitó la intervención de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
El objetivo es evaluar si estas prácticas violan las disposiciones de trato nacional y protección de inversiones establecidas en el T-MEC, lo que podría derivar en consultas formales entre ambos gobiernos.
Postura de las empresas
«No nos oponemos al cumplimiento de nuestras obligaciones, pero exigimos reglas claras y procesos que respeten el marco legal vigente, sin caer en la extorsión institucionalizada», señala el documento del NFTC.
Hasta el momento, el SAT no ha emitido una respuesta oficial a estos señalamientos, manteniendo su postura de que la fiscalización a grandes contribuyentes es clave para la soberanía financiera del país.
