CIUDAD DE MÉXICO.– Al calificar a las fiscalías anticorrupción estatales como simples «caricaturas» subordinadas a los poderes en turno, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que impulsará una reforma estructural al sistema de procuración de justicia para poner fin a la impunidad y al desvío de recursos públicos.
El legislador alertó sobre el estancamiento del modelo actual, respaldándose en datos que reflejan la desconfianza social: en 2022, solo 0.2% de las investigaciones iniciadas por fiscalías locales derivó en una sentencia. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI, el 84.1% de la población percibe que los actos de corrupción son una práctica frecuente o muy frecuente.
La iniciativa busca transformar radicalmente el combate a los delitos cometidos por servidores públicos mediante acciones concretas:
Dotar a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR de independencia técnica, operativa, presupuestaria y de gestión.
Modificar el proceso de selección de la persona titular mediante una convocatoria pública, evaluación de méritos, participación ciudadana y aprobación final del Senado para evitar designaciones a modo.
Suprimir los privilegios procesales que sirven como escudo político para evadir la justicia.
Integrar a fiscales, analistas financieros y expertos en contrataciones públicas capacitados para rastrear el dinero, desmantelar redes complejas y recuperar los activos desviados.
Obligar a los gobiernos estatales y municipales a replicar este esquema de independencia en sus órganos locales de fiscalización y procuración de justicia.
“No podemos seguir teniendo instituciones subordinadas a los poderes en turno… Cuando la corrupción no se castiga, la impunidad se convierte en un incentivo para seguir abusando del poder.” — Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
Con este replanteamiento, Ramírez Cuéllar enfatizó que la meta central del nuevo periodo legislativo será garantizar que las carpetas de investigación no se archiven y se traduzcan en sanciones efectivas, asegurando que ningún cargo público ni relación política esté por encima de la ley.
