CIUDAD DE MÉXICO — En medio de una creciente tormenta política y mediática, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo reuniones de carácter urgente en la capital del país con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La difusión de las fotografías de ambos encuentros se da de forma paralela a la publicación de un reportaje que vincula al gobierno estatal con contratistas sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las reuniones en Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación ocurrieron a pocas horas de que la plataforma Latinus revelara que la administración estatal otorgó un contrato por aproximadamente 19 mdp a la empresa SGP Tech para la instalación de 52 cámaras y equipo tecnológico en 13 arcos de vigilancia vehicular, en agosto pasado durante la gestión de Yeraldine Bonilla.
De acuerdo con la investigación, la accionista de dicha compañía, Luz Daniela Segura Guzmán, forma parte también de Grupo Segtac, firma sancionada en 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por sus nexos financieros con el grupo «Los Cuinis», brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La coincidencia del viaje relámpago con la difusión del caso ha encendido las alarmas en el círculo político nacional, sugiriendo que el asunto escaló de inmediato a las mesas de seguridad federal. Fuentes en la capital señalan que la presencia de la mandataria interina responde a la necesidad de revisar de primera mano los expedientes de licitación, los controles de confianza en las contrataciones de infraestructura de inteligencia y el alcance del impacto institucional.
El episodio añade un componente de alta tensión geopolítica.
El hallazgo de contratos públicos con enlaces a figuras boletinadas por la OFAC ocurre en un marco en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado sus reclamos hacia el gobierno mexicano, señalando presuntas omisiones y exigiendo acciones coordinadas de mayor firmeza contra las redes de «narcopolítica» e infiltración financiera en el país.
Hasta el momento, la oficina de la gubernadora en Sinaloa no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al contrato asignado a SGP Tech, mientras que en la capital del país las dependencias federales mantienen hermetismo sobre los acuerdos alcanzados durante las reuniones a puerta cerrada.
