MÉXICO.— El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encontraría en pláticas con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York para evaluar un acuerdo de culpabilidad y posible entrega a las autoridades de Estados Unidos, reveló el periodista de investigación Jesús Lemus en entrevista exclusiva para Saga Noticias.
De acuerdo con las declaraciones del periodista especializado en seguridad y crimen organizado, la defensa legal del exmandatario sinaloense ya mantiene contacto directo con fiscales estadounidenses buscando un acuerdo de colaboración que evite penas de prisión perpetua, en el marco de las acusaciones interpuestas por presunta conspiración para el tráfico de narcóticos y protección a la facción delictiva de Los Chapitos.
Presión familiar y alcances del expediente
Durante la emisión, Lemus detalló que el factor decisivo para buscar dicho acercamiento habría sido la presión ejercida por las agencias norteamericanas al amagar con integrar carpetas de investigación en contra del núcleo familiar del exgobernador, incluyendo a su esposa e hijos.
Asimismo, el análisis periodístico expuso la presunta participación de una red de mandos de alto nivel dentro de la estructura política nacional:
Estructura de mando
Señaló al exsecretario de Seguridad y actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como una figura clave en las investigaciones de la red política ligada a la delincuencia organizada.
Financiamiento electoral
Se hizo referencia al papel de Félix Cano, yerno de Rocha Moya, identificado en los expedientes como un importante aportante privado en campañas de Morena.
Otras figuras señaladas
Mencionó la existencia de indagatorias en curso que abarcan a Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Beltrán, los gobernadores Indira Vizcaíno (Colima) y Alfredo Ramírez Bedoya (Michoacán), así como a los senadores Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal.
Agencias estadounidenses e implicaciones políticas
En la entrevista también se abordó la presencia e incursión en territorio mexicano de agentes adscritos a la DEA, FBI, CIA y ATF, así como los debates en el legislativo estadounidense en torno a la eventual catalogación de Morena bajo marcos legales aplicables a organizaciones facilitadoras del crimen organizado.
Hasta el momento, las autoridades judiciales del Departamento de Justicia de EE. UU. no han emitido un comunicado oficial sobre el estatus formal de las negociaciones, mientras que la postura previa de la defensa de Rocha Moya ha sido de rechazo sistemático a las imputaciones.
