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Secretaría Anticorrupción impone inhabilitación histórica de 20 años y multa de 65 MDD a exfuncionarios de la Policía Federal

Ciudad de México.-En un golpe contundente contra la impunidad en administraciones pasadas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una inhabilitación histórica de hasta 20 años y sanciones económicas que superan los 65 millones de dólares a dos ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, tras comprobarse el desvío de recursos multimillonarios.

Los exfuncionarios, Frida M., ex secretaria general y Damián C., ex titular de la División de Inteligencia, fueron hallados responsables de desviar fondos públicos que originalmente estaban etiquetados para cubrir las obligaciones de un contrato de bienes y servicios tecnológicos firmado en 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El esquema del fraude: Tecnología y opacidad

De acuerdo con el expediente del caso, los recursos desviados debían utilizarse para el pago de infraestructura tecnológica clave para la seguridad pública.

Sin embargo, mediante auditorías exhaustivas, la dependencia federal logró acreditar que el dinero fue extraído de las cuentas públicas de manera ilegal, dejando el contrato sin liquidar y generando un grave daño patrimonial al erario.

Ante la gravedad de las faltas administrativas, la dependencia federal aplicó el rigor de la ley mediante dos vías:

Muerte civil en el servicio público

Se dictó la inhabilitación por un periodo de 20 años para ambas personas, lo que les impide ocupar cualquier cargo, empleo o comisión en la administración pública.

Sanción económica histórica

Se determinó un resarcimiento económico conjunto por más de 65 millones de dólares para reparar el boquete financiero ocasionado al Estado mexicano.

El nuevo sello de la fiscalización

Este golpe administrativo representa uno de los primeros grandes resultados bajo el nuevo diseño institucional del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. La sanción fue ejecutada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, organismo que sustituyó y asumió las facultades de la antigua Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con esta resolución, el gobierno federal envía un mensaje claro de que los expedientes de corrupción en áreas de seguridad de sexenios anteriores no serán archivados, priorizando la recuperación de activos y el castigo financiero a quienes desfalcaron las arcas de la nación.

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