Felipe Guerrero Bojórquez
Ahora fue en Escuinapa, Sinaloa, donde los grupos del crimen organizado volvieron a dejar claro que, para ellos, el Estado mexicano no es un adversario, sino un estorbo menor. A la hora que se les pega la gana, y en el terreno que elijan, disparan ráfagas, usan drones para lanzar explosivos, incendian vehículos y bloquean carreteras para que nadie dude quién manda.
Lo verdaderamente escandaloso no es solo la violencia, sino el contraste impúdico: el gobierno presume la presencia de más de diez mil elementos federales en Sinaloa, pero cuando estallan estos episodios de guerra abierta, brillan por su ausencia. Ya pasó en Villa Unión, donde un ataque prolongado por más de dos horas dejó muertos y destrucción, y las fuerzas del orden aparecieron cuatro horas después, cuando ya no había nada que contener, salvo el miedo y los casquillos.
¿De qué se trata entonces?
De algo que el discurso oficial se niega a nombrar; es decir, las fuerzas fácticas no solo son más poderosas que el gobierno, sino que mantienen control, o protección, dentro de no pocos mandos oficiales; en una palabra, colusión activa o tolerada. Por eso pueden ejecutar operaciones que, bajo cualquier estándar internacional, encajan en la categoría de terrorismo.
Ese es el punto delicado: Estados Unidos observa, registra y acumula estos episodios, mientras refuerza la sospecha de que el gobierno mexicano no es ajeno al problema, ya sea por complicidad o por incapacidad. Y esa percepción alimenta, día tras día, las ideas intervencionistas que Washington ya no disimula y que en las últimas semanas han arreciado.
Frente a ese escenario, el gobierno mexicano debería mirarse en el espejo de Venezuela. Pero hace exactamente lo contrario: se confronta con Estados Unidos tratando de impedir una inminente expulsión del dictador Nicolás Maduro, invocando el principio de la no intervención. Como si no bastara, la presidenta Claudia Sheinbaum reclama a la ONU por su “pasividad” y se ofrece como mediadora del conflicto.
Es cierto que Estados Unidos tiene ahí un marcado interés económico, pero no es menos cierto que Nicolás Maduro es un dictador que violentó descaradamente la voluntad del pueblo de Venezuela, al robarle por la fuerza el triunfo electoral a la oposición, dando con ello un inmejorable pretexto para las acechanzas del imperio.
Y hoy, para rematar, ante la crítica de Estados Unidos del apoyo que la 4T está dando a Cuba, Sheinbaum responde que la relación con ese país sigue y es soberana. Es cierto lo que la presidente dice, solo que la de Cuba pasó de una revolución a una dictadura cuya burocracia es un barril sin fondo y que, no por el manido argumento del bloqueo, mantiene en la pobreza extrema a la mayoría de la población y en la violación constante de sus derechos humanos.
Lo que Sheinbaum regatea a las muchas necesidades del país, y al propio pueblo de Cuba, se lo da a la dictadura cubana sin consultar al pueblo de México.
Pero volvamos a Escuinapa.
Ayer, Sinaloa volvió a ser el epicentro de la atención nacional e internacional, no por progreso ni por estabilidad, sino por actos de violencia con tintes terroristas que confirman la imagen de un país incapaz, por múltiples razones, de enfrentar al crimen organizado.
Por eso aquella pinta de jóvenes de la Generación Z, en el Zócalo capitalino, con la frase “narcogobierno”, dejó de ser una consigna radical para convertirse en una percepción que alienta al vecino imperial y ronda el mundo, cada vez más cercana, más cruda y más peligrosa: la del Estado fallido.
