Felipe Guerrero Bojórquez
Lo que aprobó Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no es precisamente un filtro contra narcocandidatos: es un instrumento de control político para decidir, desde el poder, quién puede competir y quién debe ser bajado de la contienda electoral.
En la normalidad, esto no debería ocurrir, pero el sistema ministerial y judicial mexicano está tan contaminados que sería imposible esperar limpieza en sus procedimientos. Hoy, el régimen los ocupa para que operen a su favor y ellos decidan quiénes serán o no candidatos. Así de jodidos.
Con el pretexto de “investigar la integridad” de los aspirantes, el régimen y sus legisladores le abren la puerta al uso faccioso del INE, de las instancias de seguridad, de inteligencia, de procuración de justicia y hasta del sistema financiero para poner bajo sospecha a candidatos opositores, mancharlos públicamente y reventarlos electoralmente, aunque no exista sentencia ni prueba plena. Bastará el “riesgo razonable”, concepto lo suficientemente ambiguo como para convertirlo en garrote político. Sus candidatos, al pasar por el filtro que hoy imponen, saldrán impolutos aunque los proponga el narco o tengan antecedentes, como lo indica claramente una gran mayoría de alcaldes, diputados y gobernadores emanados del partido oficial. Así, sin que nadie les ponga freno.
El truco está en vender lo aprobado como una medida “voluntaria” y “sólo informativa”, cuando en realidad cualquier señalamiento de ese aparato oficial puede destruir una candidatura, inclinar una elección y fabricar culpables mediáticos a conveniencia del régimen. Al cabo que no saben.
Y todos sabemos cómo funciona esto en México: al opositor lo investigan, lo filtran, lo exhiben y lo aplastan; al oficial o socio, como a los Yunes, Corral y otros tantos acusados por delitos graves, los limpian, los protegen y lo absuelven por decreto político.
No les bastó la reforma de la llamada “no injerencia extranjera”, con la que también pueden construir causales para anular triunfos estratégicos de la oposición. Ahora van por el siguiente paso: amarrar el control electoral, judicial y político para blindarse frente al creciente repudio que provocan la corrupción, la inseguridad y el desastre económico que golpea a los mexicanos.
Lo más revelador es que hasta dentro de Morena hay quienes ya se avergüenzan de estas maniobras. Cuando figuras del propio oficialismo, como los legisladores Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuellar, marcan distancia o votan en contra, queda claro que no estamos ante una reforma democrática, sino ante una marrullería autoritaria con apariencia legal.
Lo de fondo es gravísimo: no quieren limpiar las elecciones de la influencia del narco; quieren adueñarse del derecho de decidir quién compite, quién estorba y quién debe ser eliminado antes de llegar a las urnas. El pretexto perfecto.
Eso no es democracia electoral. Eso es control absoluto del régimen. Propio de las dictaduras.
