Felipe Guerrero
Hace siete años, la actual gobernadora interina de Sinaloa trabajaba como mesera en una fonda de San Ignacio; y hace apenas un lustro, el nuevo secretario general de Gobierno administraba una ruta de camiones entre Culiacán y pueblos aledaños. Hoy ellos son la cabeza del gobierno, y eso dibuja con exactitud el nivel con que Rubén Rocha Moya manejó su estructura gubernamental.
Yeraldine Bonilla, la gobernadora, estudió Trabajo Social, pero ejerció muy poco la profesión, porque muy pronto sería favorecida como candidata de Morena a diputada local a través de una tómbola. Pablo Francisco Bedoya, secretario general de Gobierno, de acuerdo con reportes de prensa, solo cursó una carrera técnica. No es descalificación ni menosprecio por sus antecedentes. Es una valoración de la trayectoria y la capacidad de quienes hoy tienen en sus manos el destino de Sinaloa. Y la conclusión es innegable: Rubén Rocha se fue, pero el rochismo quedó intacto.
Bedoya fue director de Inspección y Normatividad de 2021 a 2024. Luego, tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, donde fue señalado por no cumplir con el requisito de residencia; después, jefe de la Oficina del Gobernador y ahora segundo de a bordo en la administración estatal. Antes de llegar al gobierno, fue presidente del Consejo de Administración de Transportes Línea del Oriente, de 2010 a 2021. ¿Y por qué ha ocupado cargos tan importantes con ese antecedente? Se dice que es un caso más entre los cientos de puestos ocupados por amigos de la familia Rocha: compadres, ahijados, familiares, recomendados, socios e incondicionales. El nepotismo en su máxima expresión.
Esa es justamente la estructura que seguirá al frente de los destinos de Sinaloa: una administración caracterizada por la distorsión y el desmantelamiento de la institucionalidad, al imponer en puestos clave a incondicionales y no a gente capaz.
La llegada de Yeraldine Bonilla a la gubernatura y de Pablo Bedoya a la Secretaría General muestra cómo, en el gobierno de Rocha y de la 4T, la lealtad y la cercanía familiar han sido fundamentales para impulsar carreras meteóricas. Si la capacidad fuera el criterio, en el gabinete estatal estarían los mejores sinaloenses. Ojalá la ahora gobernadora demostrara que está ahí por conocimiento de la administración pública y no por la casualidad de una tómbola, los afectos partidistas y las lealtades a Rubén Rocha.
Tan leal es, que al asumir el cargo lo primero que afirmó Yeraldine fue que, para ella, Rubén Rocha es inocente. Está bien que lo piense; es legítimo. Lo que está mal es que confunda su papel de gobernadora con el de juez. Su incondicionalidad la traicionó. También su inexperiencia.
La administración de Rocha se ha caracterizado por una excesiva concentración administrativa, financiera y política. Pero también porque en las decisiones influyeron opiniones externas ligadas al poder, señalados como los verdaderos conductores de un gobierno que al final se ha convertido en una desgracia.
Los nombramientos del gabinete estatal y de los municipios se hicieron en función de intereses familiares , en el que incluyen al senador Enrique Inzunza, al igual que las decisiones más importantes, en las que Rocha incluso fue rebasado o ni siquiera estaba enterado.
El caso de los proveedores, por ejemplo, ha estado siempre controlado en los ámbitos estatal y municipal. De ahí el avasallamiento mediante funcionarios de perfiles desconocidos que llegaron, de acuerdo a no pocos señalamientos, para hacer negocios, establecer moches, licitaciones amañadas, vender permisos y poner la estructura administrativa y financiera al servicio de socios.
Se comenta, igualmente, que en la administración estatal amigos y parientes están en la nómina y no trabajan. Matan el tiempo sin hacer nada en oficinas donde solo se ven unos a los otros. Eso sí: firman sin chistar y cobran puntualmente la quincena.
Es importante señalar que instituciones de prestigio en los ámbitos educativo y cultural fueron reducidas en su calidad, organización y crecimiento académico, además de dejar caer su infraestructura. Les redujeron el financiamiento y las pusieron en manos de incondicionales que deberían rendir cuentas.
A los alcaldes se les maniató y se les exigió obediencia. No se trata de eximir a nadie, pero hay munícipes que también han padecido las consecuencias del centralismo excesivo y de la soberbia del poder. Los ciudadanos y los sectores de los municipios más importantes han tenido que soportar el nombramiento de algunos funcionarios desconocidos que arribaron con una misión distinta al servicio público.
La autonomía municipal ha sido violentada en la imposición de obras dictadas por el interés del centro, y por el regateo del financiamiento que asfixia la operación hasta de los servicios básicos.
Muchas dependencias del gobierno estatal, dicho por burócratas que tienen ahí años, no resisten la más elemental auditoría. Si Morena o el rochismo perdieran el Congreso de Sinaloa, y si quienes lleguen al poder cumplen su palabra de investigar a fondo la corrupción, no serían pocos los que tendrían que enfrentar la rendición de cuentas y la justicia verdadera.
Ya veremos qué sigue. Pero a Sinaloa le urge, más allá del color partidista, que al frente del gobierno haya ciudadanos reconocidos por su honestidad, por su experiencia y trayectoria, capaces de desmontar una estructura distorsionada, puesta al servicio de intereses ajenos a los de la sociedad sinaloense.
