CIUDAD DE MÉXICO. — Diversas empresas de telecomunicaciones de cobertura nacional interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de extorsión institucional operado desde el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, el cual encabeza la alcaldesa morenista Guadalupe López González.
De acuerdo con información revelada por el Diario El Universal, en su columna institucional Bajo Reserva, el conflicto penal escaló a instancias federales luego de que la administración municipal intentara realizar cobros millonarios fuera de su competencia legal y, posteriormente, condicionara una rebaja a través de intermediarios.
El origen del conflicto: Multas por 1,500 mdp
El reporte periodístico señala que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado intentó cobrar derechos a las compañías Telmex, Megacable y Totalplay por el uso de infraestructura de red. Al tratarse de telecomunicaciones —un sector regulado estrictamente bajo la jurisdicción federal—, las empresas se negaron a realizar el pago.
Como represalia ante la negativa, el gobierno municipal impuso multas que en conjunto superan los 1,500 millones de pesos, una cifra calificada como desproporcionada.
Operación bajo sospecha
La gravedad de la denuncia penal radica en lo que ocurrió tras la notificación de las sanciones. Según las fuentes citadas por El Universal:
Un asesor de alta confianza y cercano al gobierno de López González contactó a los representantes de las empresas afectadas.
El intermediario ofreció una «reducción» de hasta el 70% de las multas impuestas.
A cambio de dicho descuento, se habrían solicitado pagos millonarios por fuera de los canales legales.
La columna de opinión advierte que este modus operandi guarda serias similitudes con el caso de Tequila, Jalisco, donde hace menos de cinco meses fue desarticulada una red de extorsión similar encabezada por el entonces alcalde de la misma filiación política, Diego Rivera Navarro.
Hasta el momento, la administración municipal de Salvador Alvarado no ha emitido una postura oficial respecto a la denuncia presentada ante la FGR, la cual pone bajo la lupa federal las prácticas recaudatorias y de negociación del ayuntamiento sinaloense.
