Por Redacción
CONCORDIA, Sinaloa. — Entre la incertidumbre, el dolor y la exigencia impune de justicia, las familias de los trabajadores mineros desaparecidos en el municipio de Concordia enfrentan un nuevo agravio: la indiferencia corporativa. La empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp., operadora del proyecto en Pánuco, ofreció una suma aproximada a los 190 mil pesos mexicanos en calidad de «finiquito» para dar por terminada la relación laboral con el personal privado de la libertad.
La respuesta de los deudos no se hizo esperar. Alan Esparza, hijo del ingeniero minero Francisco Antonio Esparza —uno de los profesionales de los que no se tiene noticia—, junto con la representación legal de las familias afectadas, denunciaron públicamente el ofrecimiento tachándolo de indolente y humillante.
«Parece una burla», expresaron los familiares al señalar que la compañía pretende desentenderse de sus responsabilidades legales y morales mientras los operativos de búsqueda continúan sin arrojar resultados ni esclarecer el paradero de los trabajadores.
Precarización e inseguridad en la sierra sinaloense
El caso pone al descubierto las condiciones de vulnerabilidad en las que labora el personal técnico y de extracción en las regiones serranas del estado, donde la presencia del crimen organizado representa un riesgo permanente que no ha sido contenido por las autoridades ni mitigado por los protocolos corporativos de la minera.
Las familias denuncian que liquidar formalmente la relación laboral busca desvincular a la empresa de su responsabilidad en materia de seguridad e indemnización integral en un evento ocurrido en el contexto de la operación minera.
Se reitera el llamado urgente a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades federales para mantener la búsqueda activa, agilizar las investigaciones e intervenir ante los abusos laborales denunciados.
Los familiares sostienen que el pago de un finiquito ordinario revictimiza a los deudos y vulnera sus derechos fundamentales al pretender tasar la desaparición de un trabajador en un trámite administrativo básico.
A la fecha, el reclamo social exige no solo el esclarecimiento inmediato de los hechos y el regreso de los mineros, sino una postura de asumir la responsabilidad corporativa a la altura de la tragedia que atraviesan estas familias sinaloenses.
