WASHINGTON D. C.— El Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, anunció este lunes la revocación masiva de visados a altos funcionarios, magistrados, mandos policiales, legisladores y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La medida también se extiende a los núcleos familiares directos de los implicados.
Según el comunicado oficial de la diplomacia estadounidense, las sanciones responden a señalamientos por actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico y acciones orientadas a socavar y desestabilizar a gobiernos elegidos democráticamente en la región.
Marco de la alianza regional «Escudo de las Américas»
La cancelación del documento migratorio se enmarca en los acuerdos alcanzados dentro de la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada este año para fortalecer la cooperación de seguridad y el combate contra el crimen organizado tras reuniones sostenidas al margen de la Asamblea General de la ONU.
«Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región», precisó la declaración del Departamento de Estado.
Los sancionados por país
Bolivia
Destaca la designación pública bajo la Sección 7031(c) del fiscal general Róger Mariaca, a quien Washington acusa de presuntos cobros de sobornos para proteger a redes del narcotráfico. La lista incluye además al exministro de Justicia Iván Lima Magne, a la jueza anticorrupción Albania Caballero Saavedra, fiscales superiores, mandos de la Policía Boliviana y exmagistrados de la Corte Suprema.
Colombia
Fueron afectados el empresario del sector energético Euclides Torres y la senadora oficialista del Pacto Histórico Martha Isabel Peralta.
Perú
La medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, integrante del Primer Juzgado Constitucional de Lima.
Ecuador
El Departamento de Estado notificó la revocación del permiso de ingreso a dos ciudadanos ecuatorianos y a sus familias por vínculos con la corrupción y el crimen organizado, manteniendo bajo reserva sus identidades públicas.
Las autoridades estadounidenses aclararon que la revocación de visas y la declaración de ineligibilidad migratoria constituyen acciones administrativas de soberanía territorial por parte de Washington y no reemplazan los procesos penales o sentencias judiciales en los países de origen.
