CIUDAD DE MÉXICO. — Una filtración masiva de información golpeó los sistemas de la Secretaría del Bienestar, exponiendo datos de carácter confidencial de millones de ciudadanos inscritos en los programas sociales del Gobierno Federal. La vulneración incluye la exposición de Claves Únicas de Registro de Población (CURP), Registros Federales de Contribuyentes (RFC), números telefónicos y referencias a cuentas bancarias.
La alerta fue emitida inicialmente por el periodista especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor, y cobró resonancia a nivel nacional tras ser ventilada en el espacio informativo de Azucena Uresti en Radio Fórmula. Según los reportes técnicos, este ataque cibernético está ligado a la vulneración previa de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ejecutada bajo el mismo modus operandi por la organización de ciberdelincuentes autodenominada Chronus.
De acuerdo con las investigaciones del sector tecnológico, el volumen de la filtración general en las dependencias federales asciende a un estimado de 2.3 Terabytes de información, los cuales terminaron en foros de la internet profunda (deep web) y plataformas de tráfico de datos.
El origen del fallo y la postura oficial
Tras el impacto de la denuncia pública, las autoridades federales —a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital— se vieron obligadas a reconocer el incidente.
Las primeras indagatorias oficiales apuntan a que la sustracción del padrón no se debió a un colapso en la infraestructura de servidores, sino al uso indebido y robo de credenciales de acceso de personal con privilegios en el sistema. No obstante, especialistas advierten que, más allá del matiz técnico de la autoridad, el impacto real sitúa a millones de beneficiarios en una condición de alta vulnerabilidad frente a delitos como la suplantación de identidad y el fraude bancario.
Hasta el momento, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, no ha emitido un desglose pormenorizado sobre el alcance definitivo del daño ni las medidas específicas de mitigación para los afectados. Expertos en seguridad digital exhortan a la población beneficiaria a extremar precauciones ante posibles intentos de extorsión o fraudes telefónicos mediante el uso de estos datos.
