*El fantasma de Topolobampo en Durango
LERDO, DURANGO. — Presentada con bombo y platillo como una de las inversiones más colosales en la historia moderna de Durango, la instalación de la planta de fertilizantes Fermachem en este municipio ha encendido las alarmas regionales, calcando el mismo escenario de polarización, amparos y choque social que se vive en Sinaloa con la polémica planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Ohuira, Topolobampo.
El megaproyecto, impulsado por el consorcio Tara Fertilizantes con una inversión de 1,200 millones de dólares, promete la creación de 3,000 empleos directos tan solo en su etapa de construcción en la localidad de Sapioriz. Sin embargo, al igual que sucede en el norte de Sinaloa, la promesa de bonanza económica se ha topado de frente con una férrea resistencia civil que acusa graves riesgos ambientales y el acaparamiento de recursos hídricos.
Dos proyectos, el mismo espejo de conflicto
La similitud entre el proyecto de Fermachem en Lerdo y la planta de Ohuira en Topolobampo no es coincidencia; ambas representan la apuesta por la industria petroquímica pesada en el norte del país, pero comparten los mismos puntos críticos de fricción:
Mientras en Topolobampo la comunidad indígena y los ambientalistas defienden el sitio Ramsar de las lagunas de Ohuira (un humedal de importancia internacional), en Lerdo el enemigo jurado del proyecto es su cercanía con el Parque Estatal Cañón de Fernández, el pulmón ecológico y área natural protegida más importante de la Comarca Lagunera.
En una región flagelada por la escasez histórica de agua y la contaminación por arsénico como lo es La Laguna, la demanda hídrica de Fermachem genera el mismo escepticismo que la planta sinaloense. Aunque la empresa asegura que operará con aguas grises tratadas, los ejidatarios y productores agrícolas temen un impacto irreversible en los mantos acuíferos locales.
El conflicto ya escaló a los tribunales.
Siguiendo la misma ruta jurídica que paralizó por años el proyecto en Ohuira, activistas y comunidades rurales de Lerdo han interpuesto una serie de juicios de amparo reclamando la falta de consultas ciudadanas legítimas y la violación al derecho a un medio ambiente sano.
«Nos prometen empleo, pero lo que traen es un riesgo químico junto a nuestra única reserva natural. Ya vimos lo que pasa en Sinaloa; no vamos a permitir que nos pongan una bomba de tiempo en el patio de la casa», advirtieron defensores del Cañón de Fernández durante las recientes movilizaciones.
