TAPACHULA, CHIS. – En un espectacular operativo de persecución en alta mar, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la SSPC y la FGR, interceptaron un millonario cargamento de 1.2 toneladas de cocaína que pretendía ser introducido a territorio nacional a través de las costas de Chiapas. Tras el fuerte golpe, ocho presuntos narcotraficantes terminaron con las esposas puestas.
Fuentes oficiales confirmaron que las alarmas se encendieron durante los patrullajes permanentes de vigilancia marítima. Unidades de superficie y aéreas de la Armada de México detectaron una embarcación menor sospechosa que navegaba a alta velocidad, desafiando las aguas del Pacífico sur.
Cazan a los «narcolancheros» con las manos en la masa
Tras activarse el protocolo de intercepción, los marinos lograron cerrarle el paso a la nave. Al realizar la inspección de rigor, los uniformados se toparon con decenas de bultos negros que ocultaban los ladrillos de polvo blanco, dando un peso aproximado de 1,200 kilogramos de la droga.
En el lugar fueron sometidos y detenidos ocho tripulantes, quienes no tuvieron tiempo de arrojar la valiosa carga al agua y quedaron a disposición de las autoridades federales.
De acuerdo con cálculos de las dependencias federales, con este decomiso de película se evitó que cerca de 2.4 millones de dosis de cocaína inundaran el mercado negro y llegaran a la población, arrancándole una millonaria ganancia a las estructuras del crimen organizado.
Récord de decomisos en el mar
Con este megaaseguramiento, la SEMAR sigue imparable en las aguas nacionales. Las estadísticas oficiales arrojan que, durante la presente administración, la Marina ya suma cerca de 74 toneladas de cocaína incautadas en audaces operaciones marítimas, asestando un golpe demoledor a las capacidades financieras y logísticas de los cárteles de la droga.
Tanto los ocho detenidos como la tonelada de droga y la embarcación fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad al muelle para ser puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (FGR), donde se determinará la situación jurídica de los implicados.
